Sostenella y no emmendalla. Este es el principio que aplicó la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, a lo largo de su reciente intervención en el Parlament para contestar las preguntas del PP sobre el caso Alpha Pam.
A pesar de las conclusiones de la investigación judicial que descarta cualquier tipo de negligencia en la actuación de la administración sanitaria en el transcurso del proceso de seguimiento de la enfermedad que, desgraciadamente, acabó con la vida de este joven ciudadano senegalés residente en Mallorca, la consellera Santiago insistió en buena parte de los argumentos que, en la pasada legislatura, sirvieron para deteriorar gravemente la imagen del Govern del PP y, en particular, de los responsables de la Conselleria de Salut.
Lejos de pedir disculpas por las críticas que los partidos de izquierdas, entre ellos el suyo propio, lanzaron indiscriminadamente contra el Ejecutivo autonómico, Fina Santiago se reafirmó en su convicción de que la muerte de Alpha Pam no se hubiera producido si el paciente hubiera dispuesto de tarjeta sanitaria, o, el peor de los casos, de no haberse podido evitar el óbito, este hubiera tenido lugar en un centro hospitalario, y no en el domicilio particular.
Ninguno de los contenidos recopilados en el auto de la investigación judicial avala las afirmaciones de Santiago, pero a la consellera de Serveis Socials i Cooperació este elemental detalle no parece quitarle el sueño. Nada. o muy poco, parece importarle a la consellera que el pronunciamiento de la Justicia achaque intencionalidades evidentemente partidistas en la actuación de los grupos políticos que cuando se sucedieron los acontecimientos llevaban a cabo sus labores de oposición en el Parlament. Muy al contrario, Santiago desperdició una oportunidad histórica para reconocer una equivocación histórica que tuvo no pocas consecuencias en la trayectoria profesional de algunos de los cargos sanitarios relacionados o vinculados en el caso Alpha Pam.
Ahora bien, si de solicitar disculpas se trata, estas no han de limitarse a los partidos de izquierda. También el PP tiene a quién pedir disculpas, entre ellos a Fernando Navarro, el gerente del Hospital de Inca que pagó con su destitución la tormenta política que se desató tras la muerte del joven senegalés.
