El Consell de Govern ha aprobado este lunes el Proyecto de Decreto de regulación de la accesibilidad universal en los espacios de uso público de las Illes Balears. El Decreto pretende concretar determinados aspectos de la Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears, para cumplir con el mandato legislativo de regulación por vía reglamentaria.
El Decreto aborda el concepto de accesibilidad desde una acepción universal y supera el concepto tradicional que relaciona sólo la accesibilidad con las barreras arquitectónicas. Esto representa garantizar los derechos de las personas con discapacidades o limitaciones cognitivas para que los espacios físicos o virtuales y de uso público sean accesibles, utilizables y comprensibles de forma cómoda, segura y autónoma.
Garantizar el cumplimiento de la cadena de accesibilidad es el referente que inspira toda la regulación reglamentaria. El articulado se estructura en seis títulos con 65 artículos, seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, según ha informado hoy el Govern balear a través de una nota de prensa.
Se visibilizan por primera vez, en el ámbito autonómico, los derechos de quienes sufren discapacidades o limitaciones cognitivas gracias al establecimiento de definiciones de distintos elementos necesarios para facilitar la accesibilidad cognitiva, como por ejemplo el pictograma, la señalización háptica o el validador de textos en fácil lectura.
Uno de los objetivos del Decreto es incidir también en el urbanismo de los municipios, ya que los ayuntamientos tendrán que destinar un 4% de su presupuesto anual de inversiones a la mejora de la accesibilidad en su municipio. Esto servirá, entre otros, para que los municipios habiliten, en porcentaje, más plazas de aparcamiento accesible, lo que también establece el Decreto.
En el ámbito de la vivienda, se establece que las administraciones públicas deben informar en su web institucional del número de unidades destinadas a reserva para discapacitados de todas las programaciones anuales autorizadas de viviendas de protección oficial, de promoción pública o privada. El Decreto regula con detalle las disposiciones básicas en comunicaciones, transmisión de información y señalización en espacios.
Por espacios se refiere a los de uso público (elementos de información y señalización en espacios públicos; los criterios de ubicación de la señalización y de cualquier elemento de mobiliario urbano en la vía pública, la accesibilidad cognitiva, que debe estar orientada a mejorar la comunicación y la comprensión de la información para todos los ciudadanos, etc.).
Po primera vez se regula la accesibilidad de los sitios web y de las aplicaciones de dispositivos móviles en el ámbito de las administraciones públicas, incluido el procedimiento para hacerla posible, que contiene las solicitudes de información accesible y las quejas. El Decreto prevé la creación de una oficina autonómica de accesibilidad universal en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Decreto.
También prevé la creación de oficinas de ámbito insular y oficinas en el Ayuntamiento de Palma, del Consejo para la Accesibilidad, un órgano de participación y consulta integrado por representantes institucionales y representantes de entidades; la Comisión Mixta de Accesibilidad Universal para la coordinación interadministrativa, y la Comisión Interdepartamental, con conselleries con competencias en la materia.
Armengol presenta el decreto de accesibilidad al tercer sector
La presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha reunido esta misma mañana con las entidades del tercer sector para presentar el Decreto, a la que han asistido las conselleras de Presidencia, Función Pública e igualdad, Mercedes Garrido, de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, y el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Mar.
Después de la reunión, la consellera Garrido ha dicho que, para la aprobación del Decreto, «se ha trabajado con todas las entidades del tercer sector, los consells insulars, la FELIB y entidades y colegios profesionales de las Islas Baleares». Un Decreto muy consensuado con el sector, que incluye la simplificación de los procesos administrativos para autorizar la ocupación de superficies de espacios libres o de dominio público.
Ello cuando la finalidad sea la adaptación de edificios y se pretenda la supresión de barreras arquitectónicas, sin perjuicio de exigir la tramitación de un procedimiento de concesión de licencias y permisos, de acuerdo con la legislación vigente. El objetivo es, según ha afirmado la consellera, «que los espacios públicos sean utilizables y accesibles».
Con el objetivo de incidir en el urbanismo de los pueblos y de las ciudades, las entidades locales tendrán que destinar un 4% de su presupuesto anual de inversiones a la mejora de la accesibilidad en su municipio. Además, se regulan las actuaciones de accesibilidad en los espacios naturales y las administraciones públicas tendrán la obligación de informar en su web institucional del número de viviendas destinadas discapacitados.
Por parte de las entidades, han asistido al encuentro representantes del Colegio Oficial de Enfermería, de la Federación de Personas Sordas, del Colegio de Administradores de Fincas, del Ilustre Colegio de Abogados, del COAPI Islas Baleares, de Plena Inclusión Islas Baleares / FOQUA, del Colegio Oficial de Fisioterapeutas, de la CAEB, de la Coordinadora Balear de Personas con Discapacidad, del COAIB, de la Fundación ASPAS, de la Federación Empresarial Balear de Transportes, de IB3 y del CERMI.
