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El Govern amplía el plazo para solicitar los Agentes COVID hasta el 30 de septiembre y los ayuntamientos ya han solicitado 66 agentes

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La Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad, junto con la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears, ha ampliado el plazo para que los ayuntamientos puedan solicitar los Agentes COVID hasta el 30 de septiembre. Esta ampliación se hace para dar más margen de tiempo a los ayuntamientos y poder agotar la bolsa prevista de esta figura, de hasta 196 agentes según las listas provisionales ya publicadas, después del buen ritmo de solicitudes hasta ahora. En concreto, los ayuntamientos de las Illes Balears ya han pedido hasta 66 agentes, lo cual se valora muy positivamente desde la Dirección General de Función Pública porque supondrá una ayuda rápida y efectiva a los cuerpos de policía local, a los cuales no se pretende sustituir.

De hecho, la función de estos agentes será la de reforzar, complementar y fortalecer a los ayuntamientos de las Islas a la hora de velar por el cumplimiento de las medidas COVID. Desde la Consellería de Presidencia, Función Pública e Igualdad ya se anunció que el Govern financiaría el coste del personal contratado como agente COVID con una convocatoria extraordinaria del Fondo de Seguridad Pública de 1.300.000 euros, la cual también está sirviendo para pagar los gastos derivados de la contratación de servicios de seguridad privada para llevar a cabo tareas de control de accesos y de vigilancia en relación con el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria.

Las cantidades asignadas a cada municipio dependerá de los agentes que soliciten, a pesar de que se distribuirán de acuerdo con los porcentajes siguientes:

20% proporcionalmente en la población de los municipios solicitantes (de acuerdo con el padrón de 2020)

30% proporcionalmente al número de plazas turísticas de los municipios solicitantes

15% proporcionalmente al número de núcleos de población de los municipios solicitantes

35% restante a partes iguales entre los municipios solicitantes (mínimo de 6.700 euros por cada ayuntamiento)

La intención de estos criterios de distribución es una discriminación positiva hacia los ayuntamientos más pequeños.

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