Agentes COVID, «una medida temporal que facilitará la tarea diaria de las Policías Locales»
El pleno del Parlament balear ha validado hoy el decreto ley 7/2021, de modificación del Decreto Ley 11/2020 de 10 de julio, por el cual se establece un régimen sancionador específico para hacer frente en los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, el cual ha defendido la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido.
Esta normativa que viene motivada, según ha explicado la consellera, «por la necesidad y urgencia de disuadir una determinada parte de la población de incumplir las medidas sanitarias para frenar el COVID19″, en alusión especial a los que practican la actividad conocida como botellón. “La norma que validamos hoy se dirige a una minoría, en beneficio de la mayoría”, ha añadido Garrido.
El decreto ley propone reforzar el control y endurecer las sanciones “a la minoría que se muestra incapaz de actuar preservando el bien común, con la cual queremos ser contundentes e inflexibles”. La consellera ha reiterado que “la evolución de la pandemia en la actualidad se caracteriza porque la mayoría de los nuevos casos identificados están ocurriendo en población joven no vacunada».
Y ja señalado que esa mayoría de nuevos casos «se asocia a la celebración de acontecimientos superdiseminadores, donde grupos numerosos pasan tiempos prolongados en situaciones con elevada probabilidad de no seguimiento de las medidas de prevención de la transmisión, como por ejemplo el uso de la mascarilla o el mantenimiento de la distancia de seguridad».
Esta nueva situación de gravedad en la transmisión del virus, «dada en fiestas ilegales y botellones, tiene que ser cortada a fin de preservar el derecho a la salud”. Se sancionará con un mínimo de 1.000 euros la participación en un botellón, un mínimo de 2.000 si se participa en un botellón siendo contacto estrecho y con un mínimo de 5.000 euros si se hace botellón siendo positivo en COVID19.
También se propone una sanción mínima de 5.000 euros por la venta de alcohol fuera del horario permitido. Finalmente, se considera persona responsable de las infracciones a los propietarios de las viviendas o espacios donde se hagan fiestas ilegales, en caso de que no comuniquen la identidad de las personas que hayan contratado el alojamiento de la vivienda o el espacio donde se haya cometido la infracción si es el caso.
En definitiva, “este decreto ley se presenta como una medida necesaria y urgente para frenar contagios, proteger la salud pública de la ciudadanía y rebajar la presión sanitaria, con el fin de revertir la situación y poder encarar con más bastante, cuanto antes mejor, la reactivación económica de nuestras islas”, ha concluido Garrido.
Agentes COVID
El Parlament balear ha validado también hoy el decreto ley 6/2021, de modificación de la ley 4/2013 de policías locales de las Islas Baleares, el cual ha sido defendido también por la consellera de Presidencia, quien ha motivado la normativa “por la necesidad y urgencia de establecer un marco normativo para apoyar y reforzar las policías locales, para que se puedan atender con mayores garantías las tareas encomendadas en cuanto al control del cumplimiento de las normas por parte de la población”.
Garrido ha lamentado que “durante las últimas semanas hemos visto como en Baleares se han producido situaciones no deseadas que ponen en riesgo la salud pública y la economía de la comunidad autónoma”. Ante esto, “había que dar respuesta a esta situación y había que hacerlo de manera rápida y contundente, con el fin de conseguir, entre todos, frenar la expansión del virus y poder volver a buenas cifras sanitarias”.
El Govern aprobó el decreto ley que se ha validado hoy con el objetivo básico de establecer las medidas pertinentes que permitan estabilizar las plantillas de las policías locales de los ayuntamientos y llevar a cabo los procesos selectivos del personal de nuevo ingreso para poder llevar a cabo de forma conjunta el curso de capacitación por la Escuela Balear de Administraciones Públicas, con la colaboración de los ayuntamientos.
Se establecen medidas extraordinarias para la selección de personal funcionario interino para prestar servicios en los ayuntamientos de las islas en el área de seguridad a la ciudadanía, para las necesidades urgentes por la crisis provocada por el COVID19. Se trata de la creación de los Agentes COVID, “una medida extraordinaria que facilitará la selección de personal para atender servicios estratégicos y garantizar los servicios públicos”.
Garrido ha explicado que “se configuran como agentes de autoridad, pero no son policías ni tienen vocación de serlo ni de suplir sus tareas”, por lo cual “tienen el objetivo de apoyar de manera temporal, hasta el 31 de diciembre del 2020, a los ayuntamientos, sobre todo en el control del cumplimiento de las ordenanzas municipales y de la normativa COVID”.
Desde el inicio de la pandemia esta figura ha sido desarrollada por un gran número de comunidades autónomas, como son Galicia, Castilla y León, Extremadura, Asturias, Murcia, Andalucía, Aragón y Castilla la Mancha, con nomenclaturas distintas pero con dos características comunes: apoyar a las otras administraciones públicas con una figura de autoridad apta para controlar el cumplimiento de la normativa COVID durante la pandemia.
Tal como ha explicado Garrido, “su creación responde a una demanda de los ayuntamientos de las Islas Baleares y de la FELIB, tienen una clara condición de temporalidad, no son policías y no son la mejor solución, pero sí la que podíamos poner en marcha de manera más inmediata”. El decreto ley quiere fortalecer los cuerpos de policía local y dotarlos de una ayuda complementaria en su tarea.
El objetivo es que entre todas las administraciones se pueda ser más efectivo en la hora de detectar y frenar los excesos que se puedan producir poniendo en riesgo la salud pública. Finalmente, Garrido ha puesto el énfasis en “el papel relevante que tienen las policías locales, a quienes desde aquí envío mi reconocimiento y profesionalidad para garantizar la seguridad de las personas”.
