Con esta herramienta la persona puede registrar sus preferencias en aspectos tales como los síntomas que observa cuando entra o va a entrar en una situación de crisis, qué le hace sentir bien y mal cuando tiene estos síntomas, quién desea que se avise de que está hospitalizado/a, quién desea que le visite, preferencias sobre medicamentos, terapias, cuidados de salud general, dietas, y qué persona desearía el paciente que le representase y actuase en su nombre en caso de ser cuestionada su capacidad. Esta Guía ha sido desarrollada por el Grupo de Derechos Humanos y Salud Mental, vinculado al Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, para la planificación anticipada de decisiones en salud mental, y está incluida en la historia clínica digital, para promover su uso entre los profesionales. Para quien le pueda interesar, se puede descargar gratuitamente en www.easp.es o en www.1decada4.es
Debido a su patología, las personas con trastorno mental siguen sufriendo problemas de exclusión de la sociedad y muchas de ellas son susceptibles de que sus derechos humanos sean violados en diferentes esferas de sus vidas. Por paternalismo, prejuicio o ignorancia, esta situación puede darse también en la atención que se hace desde los servicios sanitarios.
Tras la aprobación por España de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, creó el Grupo de Derechos Humanos y Salud Mental para analizar y proponer medidas que garanticen que los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental atendidas en los recursos públicos sean respetados, protegidos y cumplidos. Uno de los principales obstáculos para garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas con trastorno mental, es la falta de conocimiento de la regulación normativa que existe a nivel internacional que exige su garantía. Es necesario tomar conciencia de las nuevas formas en las que se violan los derechos de las personas con trastorno mental. Es necesario velar, como una exigencia ética, porque las prácticas profesionales garanticen que los derechos humanos de las personas atendidas en cualquiera de los recursos existentes sean respetados, protegidos y cumplidos.
Además, salvaguardar el derecho a la toma de decisiones de forma autónoma y con libertad es una obligación de los servicios y profesionales en todos los ámbitos de la atención socio-sanitaria. En el caso de las personas con problemas de salud mental, es un imperativo legal.
Por tanto, es necesario poner en marcha iniciativas orientadas a mejorar el respeto a la toma de decisiones autónomas y con libertad de las personas con un diagnóstico de trastorno mental, especialmente en las situaciones de especial vulnerabilidad, como es el caso de tener limitada la capacidad para tomar sus propias decisiones. Y un ejemplo para ello, es esta guía que se convierte en un recurso que tiene como objetivo ayudar a salvaguardar este derecho. Para ello, ha sido realizada y revisada de forma conjunta por profesionales y usuarios/as; ofrece información práctica dirigida tanto a los equipos profesionales de los servicios de salud mental, como a usuarios/as que deseen realizar un proceso de planificación anticipado.