Abogacía de la CAIB interpone un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de prescripción enfermera y pide que se suspenda hasta que se resuelva

prescripcion-enfermeratxtRedacción
Tal como anunció el Govern, la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Real decreto 954/2015, de prescripción enfermera, a la vez que ha pedido como medida cautelar que se suspenda su aplicación hasta que se resuelva definitivamente el recurso interpuesto.

Hay que recordar que, a propuesta de la Conselleria de Salud, el Consell de Govern acordó autorizar a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-admi¬nistrativo contra el Real decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, el uso y la autorización de dispensación de medi-camentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Dicho Real decreto establece que los médicos, los odontólogos y los podó¬logos son los únicos profesionales con facultad para recetar. Por tanto, los enfermeros —aunque tienen la misma formación en farmacología acreditada por el Ministerio de Educación que los odontólogos y los podólogos— no pueden administrar legalmente ningún medicamento ni producto sanitario si no hay previamente un prescriptor que diagnostique al paciente y determine el protocolo de práctica clínica que hay que seguir, aunque el enfermero tiene más formación y experiencia en el proceso asistencial y conoce mejor las guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica en procesos específicos que lidera y desarrolla con los usuarios de manera rutinaria.

La Conselleria de Salud defiende la capacitación de los enfermeros y argumenta que la nueva normativa les impide llevar a cabo de manera autónoma centenares de actuaciones que hasta ahora hacían con normalidad y con formación y eficiencia probadas.

Esta norma, aprobada por el Consejo de Ministros el 23 de octubre de 2105 y publicada en el BOE el 23 de diciembre, tiene consecuencias directas para los profesionales de la enfermería, que necesitan la autorización previa de un médico para desarrollar tareas cotidianas, también para los propios médicos, a quienes les aumenta considerablemente el volumen de trabajo, e igualmente para los usuarios, que notarán un empeoramiento en la atención.

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