Un estudio de la UIB revela falta de medios, sobrecarga de trabajo y nuevos perfiles de la asistencia social por la pandemia de COVID19

JUAN RIERA ROCA
El primer informe de un estudio llevado a cabo por el Grupo de Investigación en Desigualdades, Género y Políticas Públicas, de la Universitat de les Illes Balears (UIB) revela la falta de medios, la sobrecarga de trabajo y la llegada de nuevos perfiles de usuarios a los centros de atención a causa del impacto del COVID19

Las investigadoras Fernanda Caro Blanco, María Gómez Garrido y Joana Maria Mestre Miquel, integrantes de este grupo de la UIB, participan en una investigación financiada por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) en la que analizarán durante un año el impacto de los efectos del COVID19 en los Servicios Sociales.

La reorganización de la atención presencial, la sobrecarga de trabajo, el aumento de la demanda o la necesidad de hacer más contrataciones son algunas cuestiones que reclaman las trabajadoras sociales entrevistadas, base de los servicios sociales, red de seguridad para la ciudadanía más vulnerable, primera línea del sistema de bienestar.

Durante el estado de alarma fueron considerados servicios esenciales, sin embargo, muchas de las profesionales denuncian que este reconocimiento no se ha traducido en más dotación de recursos humanos, tecnológicos o económicos para hacer frente al elevado aumento de la demanda.

En la investigación participan la Universidad Complutense de Madrid, de la UIB, la Universidad del País Vasco, la de Salamanca y la de Zaragoza. Gracias al recientemente creado monitor de impacto del COVID19 sobre los servicios sociales, las investigadoras estudiarán el alcance de la crisis hasta septiembre de 2021.

La investigación se hará a través de un seguimiento detallado de los efectos y retos a los que se enfrentan los servicios sociales a más de sesenta municipios españoles. El primer informe, ya publicado, pone de manifiesto que los centros de servicios sociales municipales tuvieron que reorganizar su atención a través del teletrabajo.

Solo se atendieron presencialmente aquellos casos en que la demanda de emergencia así lo requería. Las profesionales de este sistema afirman que se sienten satisfechas con la labor desarrollada. Sin embargo, critican la falta de medios y el exceso de sobrecarga de trabajo al que se han visto sometidas.

En muchos casos, la salud de estas profesionales se ha visto afectada por el estrés, la angustia y la contención emocional que han realizado con los grupos de población más afectados por esta crisis sanitaria, económica y social: «Hay días que hemos tenido hasta doscientas llamadas de personas que hasta hoy no conocían los servicios sociales».

El informe alerta de la irrupción de nuevos perfiles de usuarios que hasta ahora desconocían dónde estaba su centro de servicios sociales de referencia. Explican cómo ha afectado a miles de familias que vivían del sector servicios y, especialmente, de empleos de la economía sumergida.

También señalan la demora en el cobro de los ERTE, que ha supuesto que en los meses de marzo y abril no quedara nada del presupuesto anual destinado a emergencia social en numerosos ayuntamientos de España. Del mismo modo que ocurre en el sistema sanitario, las dificultades sociales cotidianas se sumaban a las de la pandemia.

A un sistema previamente saturado, se ha añadido la dificultad que supone no poder hacer entrevistas presenciales o visitas domiciliarias, lo que afecta directamente intervenciones en violencia de género o de seguimiento de menores en situaciones de riesgo. La dependencia aparece como otro de los ámbitos más perjudicados.

Como afirma una trabajadora social entrevistada, «las valoraciones de dependencia se dejaron de hacer en marzo y no sé cuando se reanudarán», con las implicaciones que este retraso supone para miles de personas dependientes y sus familias. Los próximos meses, las investigadoras continuarán analizando el impacto de la pandemia.

Estudiarán nuevas prácticas profesionales, así como los retos a los que se enfrenta el sistema público de servicios sociales, como el hecho de hacer frente a la presión hacia el asistencialismo, que no representa los objetivos principales que debería tener el sistema. El informe señala una sensación de haber sido capaces de dar respuestas:

«Para mí, este periodo ha sido un reto y una oportunidad. Durante la pandemia se vio que nosotros, los servicios sociales, estamos para atender las dificultades, y yo veo que esto ha servido para hacernos valer», afirma una trabajadora social, en el sentido de haber sabido capear los problemas añadidos por la pandemia.

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