La Conselleria de Salud y Consumo del Govern balear impulsará la tramitación de la Ley de consumo para que pueda aprobarse en 2021

JUAN RIERA ROCA / La conselleria de Salud y Consumo impulsará la tramitación de la Ley de Consumo para que pueda ésta pueda aprobarse en 2021. Hoy se ha celebrado la segunda reunión anual del Consejo de Consumo, con la participación de la Administración y asociaciones de consumidores y patronales de las Islas Baleares.

La tramitación de la nueva Ley de protección de los consumidores y usuarios de las Illes Balears será una prioridad de la Dirección General de Consumo, ha manifestado la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, durante la segunda reunión anual del Consejo, primera de la legislatura, indicado que el objetivo es impulsar la tramitación para que su aprobación se dé en 2021.

Durante el Consejo de Consumo ―al que ha asistido también el director general Fèlix Alonso, y en el que participan representantes de asociaciones de consumidores, patronales y de las diferentes administraciones―, la consellera ha explicado que el trámite administrativo de la normativa previo a la entrada en el Parlamento puede extenderse entre seis y ocho meses.

La consellera ha recordado algunas de las novedades que incluirá la nueva normativa, tales como la incorporación de los conceptos «personas vulnerables» y «colectivos sujetos a protección especial», es decir, los mayores y menores de edad, discapacitados, embarazadas, ciudadanos sin recursos y con riesgo de exclusión social.

Además, la ley incrementará la protección de los consumidores en el mercado de vivienda e incorporará un nuevo capítulo para la protección de los usuarios de los servicios de intermediación financiera. También reforzará el papel de la Junta Arbitral y se dará cobertura legal a las competencias en materia de consumo que venían ejerciendo los municipios.

Gómez ha aprovechado el encuentro para realizar un repaso de los logros conseguidos por la Dirección General de Consumo en 2019 en materia de formación, inspección, arbitraje y gestión de reclamaciones, las cuales se han multiplicado gracias en buena parte a la entrada en funcionamiento de la reclamación electrónica sin necesidad de DNI electrónico.

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