La inminente entrada en vigor del decreto de garantía de demora es una buena noticia para la sanidad de las Islas Baleares. Nunca se han terminado de explicar del todo las razones por las que una herramienta tan útil a la hora de reducir y controlar la lista de espera hospitalaria fue eliminada la pasada legislatura.
Ciertamente, se argumentaron motivos económicos, relacionados con los problemas de sostenibilidad que el sistema público de salud afrontaba en los momentos más álgidos y difíciles de la crisis.
Ahora bien, la experiencia, tanto en este como en muchos otros temas que tocan de cerca la gestión sanitaria, ha demostrado sobradamente que el ahorro entendido desde un punto de vista exclusivamente economicista constituye una equivocación. En efecto, la sanidad debe ser sostenible. Si no lo es, lógicamente peligra su continuidad. Pero, a la vez, no se puede ser sostenible en política sanitaria como si formuláramos una sencilla operación de sumas y restas.
Desgraciadamente, la cuestión, cuando se trata de asistencia médica, reviste mucha más complejidad. Los efectos de la eliminación del decreto de garantía de demora han puesto de manifiesto que los euros que no se han gastado no sólo no han generado ningún ahorro efectivo, sino que han acabado originando un aumento de las listas de espera quirúrgica que, a fin de cuentas, supone más gasto para el sistema de salud.
Ahora, coincidiendo con la recta final de la legislatura, el Govern de Francina Armengol ha puesto ya fecha para la recuperación del decreto de garantía de demora. Es esta una buena noticia que desde Salut i Força celebramos con el mismo entusiasmo que en su momento lamentamos que se optase por la supresión de un instrumento extraordinariamente válido a la hora de luchar contra el indicador por excelencia a la hora de medir la calidad de la oferta sanitaria, como son las listas de espera.
