En una democracia, la participación ciudadana constituye un elemento primordial. No se trata tan solo de votar cada cuatro años (bueno, últimamente, en el caso de España, con mucha menor frecuencia), sino, sobre todo, de hacer posible que dentro de este período legislativo la sociedad civil pueda expresarse, manifestarse y pronunciarse con plena libertad, y hacerlo a través de interlocutores válidos.
En el ámbito de la política sanitaria, este objetivo de participación es aun más necesario, teniendo en cuenta que enmarca una de las piezas neurálgicas del denominado Estado del Bienestar, sin el cual ninguna comunidad puede aspirar a cotas dignas de bienestar y calidad de vida. Por este motivo, hay que felicitar a la Conselleria de Salut por su decisión de ampliar el número de entidades, organizaciones y colectivos que forman parte del Consejo de Salud, que acaba de reunirse por segunda vez esta legislatura con la presencia de una amplia representación de instituciones, agentes sociales y entidades profesionales.
Actualmente, gracias a la decisión de la Administración autonómica de ceder dos de sus vocalías a organizaciones ciudadanas, el Consejo de Salud ha visto incrementada sustancialmente su representatividad. De hecho, son 35 los miembros que integran ahora mismo este organismo. Por una parte, el equipo de la Conselleria de Salut en su conjunto, encabezado por su titular, Patricia Gómez, que asume la función de presidenta del Consejo. También se hallan representados los cuatro consells insulares, el Ayuntamiento de Palma y la Federación de Entidades Locales. Ello en cuanto al plano institucional. Desde el punto de vista de la sociedad civil y el ámbito ciudadano, hay que reseñar la participación de los doce colegios profesionales que integran el marco sanitario, así como la Real Academia de Medicina, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, la entidad patronal CAEB, el Consejo de Consumo, y tres entidades ciudadanas, FEAPS, UNAC y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Estas dos últimas organizaciones se han incorporado recientemente al Consejo de Salud gracias a la cesión de vocalías anteriormente mencionadas.
Solo dando vía libre a que las entidades ciudadanas tengan voz propia en un organismo de estas características se podrá garantizar que la política sanitaria es fruto del consenso de toda la sociedad y no tan solo de las directrices exclusivamente institucionales.
