Juan Riera Roca
La Mesa de la Profesión Enfermera, constituida por el sindicato Satse (mayoritario en este sector profesional) y el Consejo General de Enfermería ha declarado la guerra al decreto de prescripción enfermera, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 23 de octubre.
La Mesa ha remitido una carta a los consejeros de Sanidad y a los gerentes de los servicios de salud en la que acusan al Gobierno central de saltarse a las comunidades y estar a punto de provocar “un grave problema asistencial”. Los presidentes del Consejo y el sindicato solicitan una reunión urgente con los responsables autonómicos de salud.
La Mesa ha puesto también en marcha acciones jurídicas, políticas, administrativas e informativas tras “la traición y el desprecio” que, a su juicio, ha demostrado el Gobierno con esta profesión sanitaria al “modificar con alevosía y nocturnidad el artículo 3 del real decreto que regula la prescripción enfermera”.
Al parecer, según el SATSE, “el texto del real decreto había sido pactado, firmado y acordado con el Gobierno. Pero por la presión de un sector de los médicos se cambió la redacción del citado artículo, que entendemos que es algo trascendental y supone retrasar años las funciones de la enfermería”.
La Mesa asegura que en el Consejo Interterritorial los responsables sanitarios autonómicos dieron “apoyo unánime a la habilitación de los profesionales de enfermería para indicar, usar y autorizar la dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica como prevé la Ley del Medicamento”.
Sin embargo, la nueva redacción establece que será necesario que el médico haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir por parte del enfermero, lo que aleja a estos profesionales de muchas actuaciones en este campo.
Según los representantes de los profesionales de Enfermería, a partir de ahora pasarán a ser presuntos delitos de intrusismo una serie de acciones en el caso de ser llevados a cabo por las enfermeras sin la supervisión de los médicos, lo que aseguran que puede suponer un colapso del sistema. Estas acciones son:
Una lectura estricta de la nueva normativa quien quiera ponerse una vacuna tendría que ir primero al médico para que éste se la recete, aunque desde el Gobierno se asegura que hay protocolos especiales para campañas como la de la gripe que incluyen la participación de los profesionales de Enfermería.
Tras esa prescripción médica de la vacuna la persona debería ir a la consulta de enfermería de su centro de salud para que se la pongan. Hasta ahora los pacientes se dirigían directamente a enfermería para que sea el enfermero quien le ponga la vacuna, sin más tramitaciones que podrían bloquear el sistema.
Hasta ahora las matronas, que son enfermeras especialistas, gestionaban los partos y podían decidir dar a la parturienta, por ejemplo, oxitocina. Según el nuevo Real Decreto, ésta debería, antes de tomar ninguna decisión, consultar con un médico, obstaculizando la fluidez del proceso del parto.
Hasta ahora las enfermeras curaban heridas, quemaduras o úlceras en los domicilios. O en la cama hospitalaria, las famosas úlceras por presión de los encamados añosos e inmovilizados. Para administrar determinados fármacos en estos procesos deberán ahora esperar la decisión caso a caso del médico.
Problemas que ahora solucionan las enfermeras a pacientes hospitalizados durante las horas de la noche deberán pasar por el médico (de los que normalmente hay muy pocos por guardia). Decisiones inmediatas y vitales que tomaban los enfermeros en ambulancias y UCIs deberán pasar por el médico.
Todas estas limitaciones ‘ofenden’ a los profesionales de Enfermería, hasta el punto de que se está hablando de convocar huelgas. Pero es que no solo es retirarle competencias que por estudios deberían serles reconocidas, sino que anuncian que estar siempre llamando al médico colapsará el sistema sanitario.
CARTA DE LA PRESIDENTA DEL COIBA A LAS ENFERMERAS DE BALEARES
Estimadas compañeras, estimados compañeros,
Como saben, desde que la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, dispuso que «los médicos, los odontólogos y los podólogos, en el ámbito de sus competencias respectivas, son los únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción médica» y que incluso el uso, autorización y disposición de material sanitario y medicamentos no sujetos a prescripción médica requerían que las enfermeras nos acreditáramos, las enfermeras hemos seguido ejerciendo sin respaldo legal, a la espera de la anunciada regulación.
Han transcurrido 9 años y finalmente, ayer 23 de octubre de 2015, el Consejo de Ministros aprobó el texto del Real Decreto que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. Dicho texto, a nuestro juicio, no solo NO nos proporciona la necesaria cobertura legal sino que parece empeorar gravemente la situación de las enfermeras por cuanto
– Ratifica que los médicos, los odontólogos y los podólogos, en el ámbito de sus competencias respectivas, son los únicos profesionales prescriptores.
– Exige que para poder ejercer las competencias en farmacología, que nos fueron acreditadas por el Ministerio de Educación, en nuestra formación universitaria, nos sometamos a un nuevo proceso de acreditación, esta vez a cargo del Ministerio de Sanidad, mediante -entre otros requisitos- 180 horas de formación para las enfermeras generalistas y 360 para las enfermeras especialistas, con los mismos contenidos que ya adquirimos
– Y lo más grave: «Será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir, validado conforme a lo establecido en el artículo 6. Será en el marco de dicha guía o protocolo en el que deberán realizarse aquellas actuaciones, las cuales serán objeto de seguimiento por parte del profesional sanitario que lo haya determinado a los efectos de su adecuación al mismo, así como de la seguridad del proceso y de la efectividad conseguida por el tratamiento.»
Así pues, antes teníamos un problema, que era la inseguridad legal en el uso, indicación y autorización de material sanitario y medicamentos no sujetos a prescripción médica así como en los que, estando sujetos a prescripción médica, utilizábamos conforme a protocolo. Ahora el problema es mucho más grave pues, desde el momento en el que el Real Decreto sea publicado en el BOE y entre en vigor, las enfermeras, no podremos legalmente administrar ningún fármaco si previamente no hay un «prescriptor que determine previamente el diagnóstico médico del paciente que precisa el fármaco que prescribe y el protocolo o guía de práctica clínica a seguir».
A nuestro juicio, la inseguridad jurídica en la que nos sumió la Ley 29/2006, se hubiera podido solventar exigiendo que donde pone «los médicos, los odontólogos y los podólogos, en el ámbito de sus competencias respectivas», se dijera «los médicos, las enfermeras, los odontólogos y los podólogos, en el ámbito de sus competencias respectivas», eliminando la alusión a la prescripción médica, pues téngase en cuenta que Enfermería tiene los mismos créditos en Farmacología que Podología y Odontología.
Sin embargo, nuestros representantes optaron por ignorar esa cuestión y considerarlo una «competencia nueva» que era necesario acreditar mediante una formación que incomprensiblemente se inició cuando aún no estaban definidos los criterios de acreditación.
Tal vez la complicadísima maraña de argumentos insostenibles que pretendían justificar la necesidad de acreditación de lo que ya estaba acreditado esté en el origen de este disparatado resultado. Este Decreto, además de garantizar 270.000 alumnos a las empresas formadoras, y propiciar un tremendo y bochornoso enfrentamiento entre los representantes médicos y de enfermería, y entre estos y el Ministerio, con gravísimos insultos y amenazas, no solo no soluciona la inseguridad jurídica de las enfermeras sino que la agrava.
Somos conscientes de que la entrada en vigor del texto aprobado perjudicará gravemente no solo nuestra labor sino también los servicios que proporcionamos a los ciudadanos, a los que queremos dejar claro que en absoluto estos perjuicios responden a la voluntad de las enfermeras, ni a medidas de presión o chantaje sino al necesario respaldo legal y las graves consecuencias que para los profesionales podría comportar el incumplimiento de la legalidad vigente. Somos conscientes también de que determinadas situaciones de urgencia harán del todo imposible el cumplimiento de los requisitos impuestos por la ley y que de ningún modo vamos a aceptar exponer la vida de las personas por este caos legislativo, así que buscaremos la forma en que esto no suceda y se proteja la vida y la salud de las personas y la seguridad jurídica de las enfermeras.
Pendientes del informe jurídico, y otros datos que puedan ir surgiendo, les adjuntamos los documentos referidos y que puedan ser de utilidad. Les mantendremos informados.
Rosa Hernández
Presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears
