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Salut presenta un proyecto de catálogo que permitirá abrir 39 nuevas farmacias en Balears

El conseller Martí Sansaloni, con el director de Farmacia, César Vicente

El conseller Martí Sansaloni, con el director de Farmacia, César Vicente

Juan Riera Roca
El conseller de Salut, Martí Sansaloni, acompañado por el director general de Gestión Económica y Farmacia, César Vicente, han presentado recientemente la propuesta del catálogo farmacéutico de Baleares, que recoge las oficinas de farmacia existentes en la actualidad y las nuevas que han tienen cabida.

Ello, atendiendo atendiendo a los nuevos criterios que marca la recién aprobada Ley 1/2015, por la que se modifica la ordenación farmacéutica. Curiosamente la no convocatoria hasta la fecha de adjudicaciones de nuevas farmacias ha sido judicializada por un ‘afectado’ y con ello es objeto de polémica política.

Según el procedimiento establecido, una vez aprobada la planta farmacéutica de Baleares, que fue publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares en fecha 6 de febrero de 2015, el siguiente paso para la apertura de nuevas oficinas de farmacia es la aprobación del catálogo que ha sido ahora presentado.

En este catálogo se determina la oferta total de oficinas de farmacia (ya existentes o vacantes) que corresponde a cada zona o unidad territorial farmacéutica. Para ello, la Dirección General de Gestión Económica y Farmacia ha elaborado una propuesta de catálogo que se publicará en el BOIB en breve y será sometida a consultas entre los sectores implicados.

Esta propuesta incluirá: La relación de farmacias autorizadas y abiertas al público; el listado de municipios en los que se cumplen las condiciones para abrir un nueva oficina; la relación de zonas farmacéuticas o unidades territoriales menores en las que no se cumplen los requisitos para abrir nuevas.

La propuesta también incluye el listado de botiquines farmacéuticos; la relación de farmacias autorizadas según la normativa anterior y vacantes en el momento de la entrada en vigor del Decreto Ley 1/2014; el listado de farmacias que se solicitaron de conformidad con la normativa anterior y pendientes de autorización.

El catálogo, que indica todas las farmacias autorizadas, las abiertas al público y las de nueva creación, se elabora en base a los criterios poblacionales establecidos en la Ley 1/2015, criterios más adecuados a la realidad y que buscan garantizar una adecuada y próxima atención farmacéutica a la totalidad de la población.

Estos nuevos criterios poblacionales establecen que la unidad familiar está formada por 2,58 personas, en vez de 4. Además, establece dos módulos poblacionales: Un módulo general: establece una farmacia por cada 2.800 habitantes y una farmacia adicional por cada 2.000 habitantes más. La población se calcula en base a los datos del INE.

Un módulo estacional: establece la posibilidad de una oficina de farmacia por cada 3.500 habitantes estacionales y una farmacia adicional por cada 2.500 habitantes estacionales más. El “municipio” es la unidad territorial más pequeña de la que se disponen datos poblacionales.

Y ello, tanto en lo que se refiere al módulo de población general como a los módulos estacionales (viviendas secundarias y plazas de alojamiento turístico). Por ello, actualmente y conforme a la planta farmacéutica, la unidad territorial a efectos de cómputo (de las nuevas o establecidas farmacias) es el municipio.

Según estos criterios poblacionales, en Baleares pueden ubicarse 39 nuevas oficinas de farmacia de acuerdo con la siguiente distribución insular: 17 en Mallorca, 2 en Menorca, 19 en Ibiza y 1 en Formentera. Una vez publicada esta propuesta en el BOIB, se abrirá un período de 15 días de audiencia.

A éste podrán concurrir el Colegio Oficial de Farmacéuticos, los municipios afectados a través de las asociaciones que les representen y a los titulares de las oficinas de farmacia situadas en los mismos términos municipales. Es decir, los agentes con una participación o afectación activa en el proceso de nuevas aperturas.

El nuevo catálogo farmacéutico permitirá garantizar una adecuada cobertura de dispensación farmacéutica en todo el territorio y, una vez aprobado, se convocará un concurso en el plazo máximo de 6 meses para la adjudicación de, como mínimo, el 80 % de las farmacias vacantes que establezca el catálogo definitivo.

Informe del catálogo de farmacias

Nueva judicialización de la política con el ‘caso Farmacias’

Este catálogo se presenta en unos momentos de gran agitación en el sector farmacéutico, con una querella por un ‘afectado’ que ha denunciado al Govern por no convocar concursos para la adjudicación de nuevas farmacias. En el proceso ha sido imputado precisamente el director de Gestión Económica y Farmacia, César Vicente.

Pese a ello, tanto el conseller de Salud, Martí Sansaloni, como el propio Vicente, se han mostrado “con la conciencia muy tranquila”. De hecho, este departamento del Govern ha obtenido ya en dos ocasiones el apoyo político del PP, partido que sustenta al Ejecutivo balear y que minimiza los efectos reales de esta demanda tramitada por vía penal.

La portavoz ‘popular’ Mabel Cabrer ha vuelto a defender –tras conocerse la imputación del director general –la actuación del Govern en el ‘caso Farmacias’, y ha reiterado el respeto del PP y su máxima colaboración en todos los procesos judiciales. “Es un tema administrativo en el que quedará demostrado que las cosas se hicieron bien”, ha dicho.

Además, ha recordado que recientemente se ha aprobado la Ley de Farmacias que acaba con la especulación y el posible fraude y que crea la seguridad jurídica que necesitaba el sector. Desde el PP se ha dicho ya que los puntos conflictivos de la nueva ley, por los que el ‘afectado’ demanda al Govern, fueron votados también por el PSIB-PSOE.

Sansaloni y Vicente han afirmado en la rueda de prensa celebrada el pasado lunes 16 –precisamente muy poco después de que se conociera la imputación contra el segundo –que para presentar la propuesta del catálogo farmacéutico consideran que han hecho un exhaustivo trabajo y que no tienen “nada que temer ante la justicia”.

El pasado viernes 13 de marzo, el juez de instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, imputó a Vicente, en la causa abierta por la querella de un farmacéutico contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y el resto de su gabinete, por incumplir una sentencia que obligaba a sacar a concurso nueve nuevas farmacias.

Vicente ha descartado responsabilidad alguna en este asunto, ya que ha dicho que tiene la “conciencia muy tranquila”, y ha destacado su colaboración total con la Justicia tras su imputación, por lo que ha dicho que habrá “total transparencia” por su parte, tal como ha declarado ante la prensa tras la presentación del proyecto de catálogo.

“Estoy tranquilo; lo único que hemos hecho es trabajar para y por los ciudadanos”, ha señalado Vicente, quien ha defendido que tanto el concurso de farmacias como el catálogo se vienen desarrollando desde hace tiempo. Sansaloni ha incidido también en la “tranquilidad, porque nunca se había hecho un catálogo de estas características”.

Según señalaba César Vicente el lunes 16 de marzo aún no tenía fecha de declaración (no hay que olvidar que la imputación no es una acusación, sino una serie de garantías adicionales a la hora de declarar) y que la Conselleria tiene “muchos criterios” para aportar a la investigación, asegurando la total disposición del Govern a colaborar con el juez.

El conseller Sansaloni evitó valorar las opiniones del querellante en esta causa, que atribuye la ausencia de concurso de farmacia a intereses personales del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y del propio Sansaloni, ambos farmacéuticos. En corros políticos se opina que la imputación a Bauzá es el objetivo jurídico/político de este proceso.

Sansaloni ha defendido la nueva ley de farmacia que “evita la especulación, prevé una planificación real y acertada”, y con la intención de que los errores del pasado no vuelvan a producirse. Esa especulación, sustanciada en jugosísimos traspasos a la hora de abrir farmacias o cambiar de titular, puede haber afectado intereses privados.

La denuncia de este particular ha suscitado polémica política. El secretario de política autonómica del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, ha asegurado que la imputación del director general de Gestión Económica y Farmacia, César Vicente, “añade más sombras de duda” sobre la gestión del presidente José Ramón Bauzá.

Según detalla en una nota de prensa, Bauzá es “un presidente (del Govern) que ha mentido a la ciudadanía, y que no puede pretender que esos mismos ciudadanos le den su confianza” en las próximas elecciones autonómicas. La denuncia judicial es aquí instrumentalizada de cara a las próximas elecciones.

El juez de instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, ha imputado a Vicente en la causa abierta por la querella contra el presidente del Govern y el resto de su gabinete por no convocar concursos para la adjudicación de nuevas farmacias. El magistrado ha admitido a trámite la querella de un farmacéutico contra todo el Govern.

En este sentido, el diputado socialista ha reclamado que Bauzá que “no puede garantizar estabilidad ni capacidad del gobierno cuando permanece involucrado en el ‘caso Farmacias’, como querellado, por su confusión entre sus negocios privados y las obligaciones públicas como presidente”.

Por su parte, el diputado del grupo parlamentario MÉS Davil Abril, ha señalado que la imputación del director de Farmacia, demuestra que es necesario establecer un régimen “claro” de incompatibilidades, que impida que “haya mezcla de intereses y que la gente se enriquezca con la actividad política”.

Abril ha recordado que en el Govern hay un conseller de Salud y un presidente del Govern que son farmacéuticos, por lo que, según siempre según la manifestación de sus opiniones como político, durante esta legislatura “se ha demostrado que no se ha respetado ni la estética ni la ética”.

“Esta imputación nos da la razón de que se tiene que establecer un régimen de incompatibilidades claro entre los cargos públicos del Govern y lo que es la actividad privada”, ha insisitdo el diputado de MÉS, quien ha recordado que su grupo recoge esta propuesta en una proposición no de ley.

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