El Consejo General de Farmacéuticos y la AEMPS advierten del peligro de la compraventa ilegal de medicamentos en sitios webs y apps para móviles

JUAN RIERA ROCA / El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos agradece a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la claridad y contundencia en sus informaciones en relación a la compraventa ilegal de medicamentos a través de sitios webs y de aplicaciones para móviles.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos denuncia desde hace meses que han surgiendo plataformas de intermediación en la compra venta de medicamentos que incumplen la legislación vigente. Las denuncias se han realizado ante los organismos competentes.

Recientemente la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se ha pronunciado con claridad, ratificando los planteamientos y argumentos esgrimidos desde la Profesión Farmacéutica. La AEMPS deja claras en ese comunicado las limitaciones que deben tenerse en cuenta:

«Ningún pedido o encargo de medicamentos puede realizarse a las oficinas de farmacias si no es directamente a través del sitio web habilitado al efecto por las oficinas de farmacia, con la ausencia de intermediarios. El uso de intermediarios en la compraventa infringe la normativa descrita», señalan desde la AEMPS.

La profesión farmacéutica española está a la cabeza de Europa en la digitalización de la prestación farmacéutica siendo el país donde más se ha avanzado en la receta electrónica pública, privada y veterinaria, aseguran desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

«Somos conscientes de que hay situaciones y retos sociales hoy que requieren respuestas profesionales por parte de nuestro Sistema Nacional de Salud y de nuestro Sistema Social pero siempre ha de garantizarse el cumplimiento de la legalidad vigente y la seguridad del paciente», comenta Jesús Aguilar, presidente del Consejo General.

Para el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, la nota informativa de la Agencia Española de Medicamentos debe marcar un antes y un después que ponga fin a la existencia de este tipo de plataformas que confunden a los ciudadanos y a los propios profesionales por infringir la normativa vigente.

«Creo que la nota no deja lugar a dudas ni a interpretaciones», afirma Jesús Aguilar. De igual forma, desde la Organización Farmacéutica Colegial se advierte también a las oficinas farmacias de la ilegalidad que supone participar en dichas plataformas de intermediación de acuerdo a la normativa vigente España.

La misma institución a refiere a esa normativa la venta por procedimientos telemáticos de medicamentos no sujetos a prescripción, el Real Decreto 870/2013. Una normativa cuyo objetivo es la protección de la salud pública y que establece tres importantes garantías para la población:

Una dispensación online que sólo puede realizarse con la intervención de un farmacéutico, desde la web de la farmacia responsable de la dispensación y previo asesoramiento personalizado. El farmacéutico participa en ese proceso y la normativa hace imposible la presencia de intermediaciones.

Desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos se recuerda que la normativa vigente, dictada al amparo de la Directiva europea sobre falsificación de medicamentos, tiene por objetivo proporcionar las máximas garantías a los ciudadanos en el acceso al medicamento y asegurar el máximo nivel de protección de la salud pública.

La legislación actual favorece que la venta de medicamentos a través de Internet se haga con las necesarias garantías sanitarias, permitiendo a los ciudadanos identificar más fácilmente los sitios web que pueden dispensar legalmente medicamentos no sujetos a prescripción y distinguirlos de aquellos que los venden ilegalmente,

Esa ilegalidad está determinada por venderse esos medicamentos fuera de la cadena legal de suministro de los mismos. La normativa permite además ejercer una función de control y supervisión de la compraventa de medicamentos no sujetos a prescripción a través de medios telemáticos.

Ello es posible adoptando las medidas oportunas en caso de detectar actividades que contravienen la normativa, es decir, una regulación que asegura la trazabilidad y, por consecuencia, la salud de los ciudadanos. En este ámbito la trazabilidad del producto es de vital importancia para garantizar su seguridad.

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