Patricia Gómez, diputada socialista en el Parlament, exige la dimisión de Manuela García
No es solo que el problema esté enquistado y que la actual ministra de Sanidad se niegue a dialogar con el colectivo médico y que el problema se empiece a encallar, es que el coste empieza a ser mayúsculo para las arcas públicas.
Y sucede en todas las autonomías, mientas los facultativos se manifiestan masivamente, el Gobierno Central parece poco dispuesto a echar su brazo a torcer en el conflicto por el Estatuto Marco. En ese sentido, el pasado martes 27 de marzo, la consellera de Salud, Manuela García, cifró en 7,2 millones de euros el impacto económico directo de la huelga médica contra el Estatuto Marco que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez.
Citamos a Pedro Sánchez porque tanto Simebal (o la CESM) y el propio Colegio de Médicos de Baleares han implorado al presidente a negociar, argumentando que “Mónica García ya no es una interlocutora válida en este conflicto”. Sea como fuere, durante el pleno del Parlament, García denunció que esta cuantía es el saldo de un conflicto que deja ya 50.000 citas y operaciones suspendidas en las islas. Todas esas actuaciones ya han sido reprogramadas para compensar cuanto antes a los pacientes por las molestias ocasionadas, con gran celeridad por parte del Servei de Salut.
En la comparecencia en el Parlament, el PSIB-PSOE, exigía formalmente la dimisión de la consellera del Govern Las diputadas socialistas Teresa Suárez y Patricia Gómez reclamaron su renuncia.
García respondía a las críticas acusando al PSIB de hacer «demagogia» y de intentar «desviar la atención» de una huelga de la que responsabiliza al Gobierno central. Desde el inicio de la legislatura, reivindicó, el plan del Govern para reducir las listas de espera ha cosechado buenos resultados, ya que el tiempo de espera medio para una consulta ha pasado de 90 a 60 días y para una cirugía, de 125 a 90. «Pero la huelga de médicos tiene consecuencias, además de económicas, en las listas de espera. Si se suspenden 50.000 actos médicos, más de 1.7000 cirugías y 28.000 consultasy pruebas radiológicas en 16 días, esto se tiene que reprogramar y altera inevitablemente los tiempos de espera», ha argumentado.
