Chapuza made in Mónica

El Estatuto Marco no solo lo rechaza el colectivo médico, lo hace también el ministro de Economía y Hacienda, cuyos informes señalan precisamente la falta de una estimación suficientemente detallada del impacto en costes de personal y de la financiación que tendrán que asumir las comunidades autónomas. Hacienda llega a cuestionar las justificaciones utilizadas por Sanidad para no realizar esa valoración. Además, aunque Sanidad cifra un impacto directo de unos 249,6 millones el primer año y 1.892,5 millones en cinco años, Hacienda reclama un análisis económico individualizado por comunidades para conocer el coste real. Es decir, una chapuza legislativa y de gestión. Hay momentos en los que la realidad se empeña en desmontar el relato político. Y lo que está ocurriendo con el nuevo Estatuto Marco es uno de ellos. Durante meses, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado su reforma como la gran modernización del sistema sanitario público. Un proyecto destinado a mejorar las condiciones laborales, ordenar las profesiones sanitarias y transformar un Estatuto Marco que arrastra ya más de dos décadas de antigüedad. El problema es que, cuando uno levanta la alfombra, aparece algo bastante menos grandioso: una norma que llega al Congreso con una importante contestación médica y que, además, recibe severas objeciones de dos departamentos fundamentales del propio Gobierno: Hacienda y Economía. Y esto ya no es una discrepancia sindical. Es algo mucho más serio. Hacienda cuestiona que la memoria de impacto normativo no haya calculado adecuadamente la incidencia de la reforma sobre los costes de personal y reclama una valoración individualizada por comunidades autónomas. Es decir, el Ministerio que después tendrá que mirar las cuentas dice, en esencia, que no sabe con suficiente precisión cuánto va a costar lo que Sanidad pretende aprobar. ¿Cómo se puede presentar una reforma de esta magnitud, que afecta a cerca de un millón de trabajadores y que modifica jornadas, organización, descansos, guardias, clasificación profesional y condiciones laborales, sin disponer previamente de una fotografía económica suficientemente rigurosa? No estamos hablando de un reglamento menor. Estamos hablando del marco laboral del Sistema Nacional de Salud. Y hay algo todavía más revelador: Sanidad sí ha puesto una cifra sobre la mesa. Calcula un impacto directo de casi 250 millones de euros durante el primer año y cerca de 1.900 millones durante los cinco primeros años. Pero Hacienda considera necesario ir mucho más allá y conocer qué impacto tendrá realmente en cada comunidad autónoma. Eso demuestra algo elemental: hacer una reforma no consiste únicamente en escribir artículos en el BOE. También hay que saber quién los va a pagar, cuánto van a costar y cómo se van a aplicar. Ahí es donde aparece la verdadera chapuza. Porque mientras la ministra pretende presentar el Estatuto como una solución histórica para la sanidad, los médicos llevan meses diciendo que el texto no responde a sus problemas fundamentales. Y ahora resulta que los propios departamentos económicos del Gobierno ponen en cuestión la suficiencia del análisis económico que acompaña a la reforma. Es difícil encontrar una radiografía más elocuente de una mala gestión. Primero se rompe el diálogo con los médicos. Después se aprueba una reforma sin alcanzar un acuerdo con quienes representan a una parte esencial de la profesión. Y finalmente aparecen Hacienda y Economía para advertir de que las cuentas tampoco están suficientemente claras. Mónica García ha elegido el camino inverso: primero imponer el relato y después intentar cuadrar la realidad. Y la realidad es tozuda. No hay consenso médico. No hay una solución específica para los médicos. No hay una respuesta suficiente a las reivindicaciones sobre jornada, guardias, jubilación, retribuciones y reconocimiento profesional. Y ahora tampoco parece haber claridad suficiente sobre el impacto económico de la reforma. Mientras tanto, la ministra invita a los médicos a discutir un estatuto específico después de aprobar el Estatuto Marco general. Es decir, primero se construye la casa y después se pregunta dónde colocar los cimientos. La medicina española no necesita más ingeniería política. Necesita negociación, financiación y sentido común. Y necesita, sobre todo, que quien legisla conozca la realidad sobre la que pretende legislar. El Estatuto Marco podía haber sido una oportunidad para modernizar de verdad el Sistema Nacional de Salud. Podía haber servido para abordar el envejecimiento de las plantillas, el déficit de especialistas, la precariedad, las guardias, la conciliación, la jubilación y la pérdida de atractivo de la profesión médica. En derrota transitoria pero nunca en doma.