Codirector de la Escuela de Pacientes de Andalucía
Hace unos días estuve en la Sexta Xplica para hablar del colapso sanitario. Para ello me preparé algunas informaciones que lanzo en este artículo. La sanidad pública española atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. A pesar de mantener una valoración relativamente positiva entre quienes la usan, los indicadores de financiación, listas de espera y saturación muestran una tendencia preocupante. Las diferencias entre CCAA se amplían, la Atención Primaria sufre una presión creciente, y la población comienza a sentir los efectos de un sistema que se estira cada vez más allá de sus límites.
Un gasto sanitario desigual
En 2022, el gasto sanitario público gestionado por las comunidades autónomas ascendió a 84.206 millones de euros, el equivalente al 6,3 % del PIB, con un gasto medio por habitante de 1.769 €. Sin embargo, la dispersión territorial es amplia: mientras el País Vasco (2.142 €) o Asturias (2.057 €) se sitúan a la cabeza, regiones como Andalucía (1.533 €) o Madrid (1.625 €) están en la parte baja de la tabla. Las proyecciones para 2025 confirman esta brecha: Asturias alcanzaría unos 2.422 €/habitante, frente a Cataluña (1.516 €) y Madrid (1.482 €). En términos relativos, la diferencia entre la comunidad que más invierte y la que menos podría rozar el 70 %. Estas desigualdades afectan directamente a la capacidad de respuesta y a la equidad del sistema.
Urgencias y listas de espera en máximos históricos
Los servicios de urgencias viven una saturación generalizada. Según la OCU, el tiempo medio de espera en urgencias hospitalarias públicas en 2025 se situó en 3 horas y 17 minutos, con diferencias marcadas entre territorios: Cataluña (~4 h 02 min) y País Vasco (~3 h 45 min) figuran entre las peores, mientras que Castilla-La Mancha (~2 h 23 min) presenta mejores resultados. Las listas de espera quirúrgica también baten récords. A finales de 2023 había 849.535 pacientes en espera; un año después, la cifra rozaba los 2,8 millones según la FADSP. La demora media nacional superó los 126 días, con extremos que van desde los 51 días en Madrid hasta 181 días en Extremadura. El informe advierte que estas cifras “no reflejan toda la realidad”, ya que no incluyen los tiempos de espera previos en Atención Primaria, pruebas diagnósticas o consultas especializadas.
Causas del colapso: financiación, plantillas y gestión
Los especialistas coinciden en que el actual deterioro del sistema responde a una combinación de factores:
• Financiación insuficiente: España dedica un porcentaje del PIB a sanidad inferior al de la media europea.
• Déficit de personal: gran parte del personal sanitario se jubilará en la próxima década sin relevo suficiente.
• Desigualdades territoriales: la descentralización ha generado mejoras globales y sistemas sanitarios muy dispares.
• Demanda creciente: envejecimiento poblacional, más enfermedades crónicas y “resaca pandémica”.
• Infraestructuras saturadas: urgencias y centros de salud con capacidad limitada.
• Gestión deficiente: falta de planificación en picos estacionales y vacunaciones.
El resultado es un sistema con recursos al límite, especialmente en los meses de invierno o durante olas de infecciones respiratorias.
Atención Primaria: la primera línea, al borde del colapso
La Atención Primaria (AP), pilar esencial del sistema sanitario público, vive su propia crisis. Aunque el 80 % de la población la ha utilizado en el último año y un 83 % valora positivamente la atención recibida, su estructura está debilitada.
Solo el 14 % del gasto sanitario público se destina a la AP, muy por debajo del 25 % recomendado por la OMS. Algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid, apenas alcanzan el 10 %, mientras que Extremadura llega al 18 %. Las consecuencias son claras: sobrecarga asistencial, demoras prolongadas y plantillas incompletas. Más de la mitad de los centros de salud tardan mucho más de 48 horas en dar cita para consultas no urgentes, como Andalucía que supera las 2/3 semanas. Además, el 59 % de los médicos de familia superan las 1.500 tarjetas sanitarias asignadas, el límite recomendado para una atención de calidad.
Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado el “abandono estructural” de la Atención Primaria, alertando de que sin una intervención urgente podría quedar “entre el abandono y el desmantelamiento”.
La expansión de la sanidad privada
Paralelamente, la sanidad privada avanza de forma sostenida. En 2024, el sector representó el 26 % del gasto sanitario total y dio cobertura a 12,6 millones de personas (aproximadamente el 26 % de la población). Comunidades como Madrid (37,5 %), Cataluña (31,8 %) y Baleares (30,8 %) lideran en penetración de seguros privados.
Según la FADSP, la privatización sanitaria ha crecido un 14,7 % desde 2014, con especial intensidad en Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias. En Andalucía, el aumento acumulado supera el 32 % desde 2019. El informe alerta de que este trasvase de recursos públicos hacia lo privado agrava las desigualdades y puede asociarse con peores resultados de salud.
Qué piensan los ciudadanos
A pesar de las tensiones, la confianza en la sanidad pública se mantiene. El 53,9 % de los ciudadanos considera que el sistema “funciona bien o bastante bien”, y más del 80 % de los usuarios recientes valoran positivamente la atención recibida. Sin embargo, un 45 % cree que el sistema necesita “cambios profundos” y un 34 % percibe que las listas de espera han empeorado.
Mirando al futuro: un reto de cohesión y sostenibilidad
España dispone de un sistema sanitario público con alta valoración ciudadana, profesionales de gran calidad y una cobertura universal reconocida. Pero enfrenta un riesgo estructural: financiación insuficiente, envejecimiento profesional y desigualdad territorial.
Algunas organizaciones recomiendan:
• Incrementar la inversión hasta alcanzar el 25 % del gasto sanitario para Atención Primaria.
• Reforzar plantillas y mejorar condiciones laborales.
• Homogeneizar datos y transparencia entre comunidades.
• Establecer plazos máximos garantizados de espera por ley.
• Reforzar la sanidad pública frente al avance de la privatización.
El futuro del sistema dependerá de decisiones políticas sostenidas y de la capacidad de coordinar esfuerzos entre Estado y comunidades.
Como advierten los expertos, “mantener el nivel actual de equidad y calidad no será posible sin una apuesta decidida por reforzar lo público”.
