“En el ámbito de los servicios sociales, la clave debe ser la proximidad”

Margalida Ferrando ha sido nombrada directora general de Familia, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial del Govern autonómico. Licenciada en Derecho, Ferrando es experta universitaria en Mediación y Orientación Familiar y Responsabilidad Social Corporativa. Ha sido diputada del Parlament de les Illes Balears (1995-1999); consellera del Consell de Mallorca (1995-1999); y edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma hasta el año 2007.

Susana Fernández

P.- ¿Cuáles son las competencias o áreas de gestión de su nuevo cargo?

R.- Básicamente, los ámbitos que antes pertenecían a menores y familia: la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor; la dirección general de Dependencia, junto con la Fundación Balear de la Dependencia, y, además, la dirección general de Planificación. También dependen de este departamento el Consorcio de Recursos Sociosanitarios y la Fundación s’Estel.

P.- ¿Cómo se enfrenta a esta gran tarea que le ha sido encomendada?

R.- Pues con mucha ilusión y respeto. Además, es un tema que a mí me gusta. Todo lo que significa trabajo social significa, en mi caso, regresar al ámbito del que había partido. A lo mejor, la gente me conoce más como regidora de Servicios sociales del Ayuntamiento de Palma, pero ya en el año 1990 comencé a trabajar en la oficina de victimas hasta el 2002. Por eso conozco a las entidades, por el trabajo que ya he realizado.

P.- ¿Cuáles son las situaciones que atienden y las actuaciones que desarrollan?

R.- Esencialmente, abordamos las políticas dirigidas a la familia y a los menores. En este último campo, trabajamos con los menores en contextos de dificultad. Pero, además, también gestionamos los temas relacionados con la dependencia y con la promoción de la autonomía en las personas mayores.

P.- ¿Cuáles han sido sus primeros pasos desde que se hizo cargo del área?

R.- La principal prioridad, la más urgente, ha consistido en conocer la situación económica real en la que se encuentra el ámbito en el que debemos movernos. En este sentido, ya he mantenido reuniones con algunas entidades, pese a que todavía quedan pendientes encuentros con algunas de ellas. En mi opinión, dado que nos encontramos al principio de la legislatura, resulta primordial establecer, antes que nada, las prioridades a seguir.

P.- ¿Qué diferencias cree que existirán entre su etapa en Cort y el tipo de trabajo que debe afrontar ahora en el Govern?

R.- En el Ayuntamiento de Palma estábamos más a pie de calle. Eso es inevitable, porque la proximidad es una de las pautas más relacionadas con la política municipal. Sin embargo, la idea del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, es que también desde el ámbito autonómico se aplique esa pauta de proximidad. Quienes hemos tenido responsabilidades en ayuntamientos sabemos que es la mejor fórmula. En este sentido, mi pasada experiencia en Cort constituye una magnífica escuela para desempeñar este nuevo cargo.

P.- La reestructuración del Govern, en aras a promover el adelgazamiento de la administración, ha supuesto una cierta sobrecarga de competencias en cada uno de los departamentos. ¿Es este también el caso del área que usted dirige?

R.- Efectivamente, he asumido el trabajo que, anteriormente, realizaban cuatro directores generales. Me preguntará, sin duda, si eso supone una tarea inabordable, y la única respuesta que puedo facilitarle es que, aun suponiendo un gran volumen de trabajo, mi anterior labor en el Ayuntamiento de Palma me está ayudando a sobrellevar la situación. Hace unos años, cuando formaba parte del gobierno municipal, la cercanía con las personas era mucho mayor, y la población asistencial que se debía atender, en una ciudad como Palma, también era muy amplio. Las problemáticas de una capital es distinta a la de los pueblos, entre otras razones por su diversidad. Ahora estoy en el Govern, iniciando una nueva etapa, y acumular varias direcciones generales me produce un gran respeto. Aun así, no la principal dificultad a la que me enfrento.

P.- ¿Y cuál es esa principal dificultad?

R.- La cuestión económica, sin duda. Cuando existe la intención de poner en marcha proyectos para encontrar soluciones a diferentes problemas, y las dificultades de dinero lo impiden, resulta frustrante. Por ejemplo, lo paso mal cuando un colectivo o unas personas me propone una actuación y debo contestarles que, tal vez, a causa de las limitaciones económicas no se pueda llevar a cabo. También, como es de dominio público, existen entidades que reclaman el dinero que se les debe. En servicios sociales los recursos nunca son suficientes para cubrir todas las necesidades. Eso siempre ha sido así, pero ahora, con la crisis, la situación es mucho más difícil.

P.- ¿Existe algún balance, aunque sea provisional, de hasta qué punto ha aumentado la demanda de subsidios y ayudas sociales a partir del surgimiento de la crisis económica?

R.- La cifra exacta no la sabemos. El Govern ha debido ofrecer su apoyo a los ayuntamientos, porque el incremento de las demandas sociales continúa aumentando. Por eso se están adoptando medidas de restricción, para tener la ocasión de afrontar estas situaciones. Lógicamente, el escenario ideal sería que nadie, ningún ciudadano, tuviera que recurrir a los servicios sociales. Para conseguirlo, resulta básico que se dinamice la economía y se cree empleo. Si de algo podemos estar seguros es de que ninguna persona acude a los servicios sociales por gusto; lo hace, porque no tiene cubiertas sus necesidades básicas y, por tanto, precisa la ayuda de la administración pública. A partir de aquí, sin con el tiempo la ocupación crece y más gente encuentra trabajo, el exceso de demanda que, en la actualidad, afecta a los servicios sociales se normalizará, y regresaremos a situaciones propias de otros tiempos, cuando los principales usuarios eran los discapacitados, los ancianos o personas con otras dificultades no directamente relacionadas con el empobrecimiento o la pérdida de un puesto de trabajo.

P.- ¿Podría afirmarse, por tanto, que se está creando un nuevo perfil de usuario de estos servicios, en el que entrarían ciudadanos que, hasta hace poco tiempo, disponían de un trabajo y un salario ordinarios?

R.- Con la crisis ha cambiado bastante el perfil, aunque las personas mayores siguen siendo el colectivo que solicita más ayudas. Hay que tener en cuenta que muchos de estos ciudadanos disponen de pensiones mínimas. Naturalmente, los ancianos que han contado con una red familiar más solidaria pueden hacer frente mejor a sus necesidades. Con la crisis estas situaciones se han agravado, lógicamente. Los servicios sociales se han visto desbordados por personas que no pueden llegar a final de mes. En cambio, en mi etapa en el Ayuntamiento de Palma, las personas que solicitaban ayuda para comprar alimentos eran relativamente pocas.

P.- Esto me recuerda el caso de una vecina mía, de cincuenta años, con un problema muscular que le impide trabajar a jornada completa. Aunque ella busca empleo, no lo encuentra y se ha visto obligada a recurrir a los servicios sociales. ¿Cómo puede actuarse ante un caso de estas características?

R.- A personas como la que usted me comenta no les resultaba difícil encontrar trabajo en la época de bonanza económica. Ahora, como han salido del mercado laboral, tienen muchas más dificultades. ¿Qué puede hacer la administración para ayudarles? Por ejemplo, inscribirles en talleres de formación o bien tramitarles la renta mínima de inserción. Estamos hablando de prestaciones que surgen para aliviar este tipo de circunstancias, pero son colaboraciones puntuales que no pueden volverse permanentes.

P.- ¿Mantiene algún contacto con las asociaciones de pacientes?

R.- La relación del Govern con estas entidades depende de la dirección general de Salut Pública i Consum, pero, aun así, me gustaría destacar que las sinergias que estamos creando entre ambas áreas. Estamos trabajando para abordar todos los aspectos derivados de los servicios sociosanitarios y de salud mental. En muchas ocasiones, a causa de un problema de salud, surge un problema social.

P.- Por último, a pesar de la crisis, ¿podemos afirmar que el nuevo Govern seguirá considerando una prioridad los servicios sociales?

R.- El presidente, José Ramón Bauzá, y la consellera de Salut, Família i Benestar Social, Carmen Castro, han insistido en ello en muchas ocasiones: en los presupuestos del Govern, no se van a reducir ni los recursos destinados a la educación, ni los de la sanidad, ni los de protección social. Claro que habrá que efectuar recortes, pero estos se aplicarán en otros conceptos que no afecten a la atención y a la calidad de las prestaciones que reciben las personas. Los pilares básicos del bienestar social están totalmente garantizados.

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