JUAN RIERA ROCA
El Partido Popular de las Illes Balears insiste en que tal y como solicitó en una Proposición No de Ley, el pasado 1 de mayo, las mascarillas, mientras dure esta pandemia, sean consideradas como un medicamento financiado más, contemplando la gratuidad para pensionistas, parados y receptores de una renta de integración social.
Desde el PP balear se solicita además de que el reparto de las mascarillas a los ciudadanos se haga con la receta electrónica para retirar en las oficinas de farmacia. El presidente del PP balear, Biel Company, ha afirmado que “la obligación de usar mascarilla decretada por el Gobierno del Estado a partir de hoy supondrá un gasto extra para muchas personas y familias”.
Este gasto extra llega “en un momento de especial dificultad económica”, sobre un cálculo de “un gasto medio de 60 euros mensuales por persona, teniendo en cuenta que la mascarilla quirúrgica recomendada por el Ministerio tiene un precio de 0,96 euros unidad y tiene que cambiarse cada cuatro horas. Una cifra que se disparará por encima de los 150€ mensuales para una familia normal”.
Por ello, Company pide que, además de la gratuidad para parados, pensionistas y receptores de la renta de integración social, el resto de los ciudadanos abonen el mismo porcentaje que en la compra de medicamentos: un 40% para rentas inferiores a 18.000 euros, un 50% para rentas entre 18.000 y 100.000 euros y un 60% para rentas superiores a 100.000 euros.
Además, la iniciativa registrada por los ‘populares’, a través de la diputada Tania Marí, pide que el Parlament de las Illes Balears inste al Govern a que se facilite el número de mascarillas de uso diario para que se pueda cubrir la demanda, como mínimo, de 7 a 15 días, en previsión de posibles colapsos de la disponibilidad de este sistema de protección como ya se produjo al inicio de la pandemia.
Cabe recordar que el 7 de abril de 2020, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos remitió una carta al Ministro de Sanidad para ofrecer la red de oficinas de farmacia – más de 22.000 en todo el territorio nacional – como punto de distribución de las mascarillas a toda la población.
Argumentaban para ello «la posibilidad que supone determinar y dar prioridad en la dispensación de mascarillas a los grupos de población más vulnerables, o el control absoluto en tiempo real de las mascarillas recibidas en cada farmacia, su dispensación conforme los criterios establecidos sin la intromisión de supuestos distribuidores que están actuando con fines especulativos”.
Para el PP «las oficinas de farmacia con las que cuentan las Islas Baleares, es el recurso sanitario que dispone de un amplio horario de atención al público, sin que sea necesaria cita previa, ni exista lista de espera”. El Grupo Parlamentario Popular considera que el reparto de mascarillas a través de las farmacias aliviaría la sobrecarga de otros recursos asistenciales del Sistema de Salud.
Los populares advierten también que mediante este procedimiento se evitarían colapsos en un momento como este. “Ahora que el uso de mascarillas en espacios públicos ha pasado a ser obligatorio, resulta fundamental que se bonifiquen de igual manera que los medicamentos y sean gratuitas para los colectivos más vulnerables”, ha concluido Company.
Vélo en https://www.youtube.com/watch?v=C7e-phw9qN8&authuser=1
