La UIB y el IdISBa denuncian que las nuevas prescripciones legales del Gobierno central dificultan y bloquean los nuevos proyectos científicos

Juan Riera Roca /
El Consell de Govern de la UIB, reunido en sesión ordinaria el día 10 de mayo de 2018, ha puesto de manifiesto su «gran preocupación por la ralentización, cuando no paralización, de la actividad investigadora a que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público», según ha señalado la institución.

Desde el Consell de Govern de la UIB se afirma que la situación generada a raíz de la aplicación de esta ley supone la paralización de investigaciones en curso, con el impacto negativo que ello conlleva sobre los investigadores, incluyendo de manera especial los que están en formación, y sobre la misma institución.

Esta ley es la que regula los contratos menores y según los gestores de los programas científicos de la Universitat de les Illes Balears, sus exigencias suponen un bloqueo del desarrollo de nuevos proyectos, estando en estos momentos muchos de esos planes paralizados por las nuevas prescripciones legales.

Esa paralización de la investigación en lo que a la UIB se refiere supone ver «como una de sus misiones fundamentales se ve seriamente comprometida. No se trata de un problema de financiación, sino de normas de ejecución que no tienen en cuenta el carácter singular de la actividad investigadora.»

«Entendemos ―añaden desde la UIB― que esta situación afecta a todo el sistema de I+D+I del Estado, y que tendrá unas previsibles consecuencias negativas para el progreso del país y sobre las posibilidades de llenar de contenido la aspiración de llevar a cabo la transición hacia un modelo económico basado en el conocimiento.

Por otra parte, las 29 entidades ―entre ellas la IdISBa― que conformamos la Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica, Sanitaria y Hospitalaria (REGIC) comparten la preocupación por la reducción de la financiación en I+D y los numerosos problemas administrativos que comprometen la ciencia española.

Estos problemas se detallan en el informe de los centros y unidades de excelencia en investigación distinguidos por el Programa Severo Ochoa y María de Maeztu (alianza Sommer). Desde REGIC «nos sentimos 100% afectados por los problemas del Informe Sommer: las inspecciones IVA, la contratación pública y la de personal».

La Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica, Sanitaria y Hospitalaria apoya las posibles soluciones que en el Informe Sommer se plantean ante estos tres problemas, reconociendo que pueden darse diferentes casuísticas en función de las diferentes comunidades autónomas.

«La existencia de investigadores de vanguardia y de infraestructuras sanitarias de primer nivel nos convierte en un país adecuado para estar entre los líderes mundiales de investigación», dicen desde REGIC / IdiSBa. Y añaden: «Creemos fervientemente que la ciencia es el motor indiscutible del progreso económico y social.

»Para ello debe contar con regulaciones específicas y adecuadas en el marco de la normativa europea que salvaguarden la competitividad del sector, tal como sucede en otros países de nuestro entorno. Nos sumamos a la petición que se hace desde Sommer para propiciar la reflexión por parte de políticos y gestores».

REGOC es una Red que aglutina entidades gestoras de I + D + I del Sector Sanitario de todo el territorio español. Sus fines son trabajar para defender los intereses comunes de las entidades de la Red y servir como foro de coordinación e integración de las políticas e intereses de las entidades asociadas.

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