Gobierno y Farmaindustria renuevan el convenio que garantiza el acceso a las innovaciones terapéuticas en condiciones de equidad y la sostenibilidad del SNS

Juan Riera Roca /
Los Ministerios de Hacienda y Función Pública, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria han firmado este miércoles, 27 de diciembre, la renovación para 2018 del Convenio de Colaboración acordado en diciembre de 2016, y que daba continuidad al protocolo suscrito en 2015.

El objetivo del acuerdo principal de garantizar el acceso de los ciudadanos a las innovaciones terapéuticas en condiciones de equidad y de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Han firmado los ministros Cristóbal Montoro y Dolors Montserrat y el presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo.

El Convenio concilia la racionalización del gasto público desde la eficiencia y el cumplimiento de los compromisos de la industria farmacéutica de dotar al SNS de los mejores y más avanzados recursos disponibles. La renovación responde al clima de diálogo entre el Gobierno y Farmaindustria.

El acuerdo contribuye a crear confianza en las empresas del sector frente a las incertidumbres que pusieron en riesgo los pagos en el pasado. El convenio descansa sobre la política de pago a proveedores, con la que se sigue garantizando que las facturas sanitarias y farmacéuticas se van a abonar.

Asimismo, el espíritu del acuerdo contempla que si el crecimiento del gasto público en medicamentos originales supera el de la economía española, es decir, el PIB, la industria se compromete a realizar compensaciones monetarias.

El Convenio, que constituye una garantía para que pacientes, profesionales sanitarios y gestores puedan disponer de los tratamientos farmacológicos más novedosos y adecuados, reconoce el valor de la innovación, compromete a Administración e industria en una política más estructural.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha destacado que «este acuerdo aporta solidez al Sistema, fortaleza a las empresas del sector y ventajas sanitarias y asistenciales a los millones de personas que utilizan cada año la sanidad pública».

La ministra Monserrat, ha señalado que este acuerdo es «una muestra más de que el Gobierno trabaja cada día, junto con la industria farmacéutica, para incorporar a la cartera pública de servicios los nuevos tratamientos que demuestren su eficiencia y garanticen la seguridad para el paciente».

Según el convenio permite «agilizar el acceso de los pacientes a nuevos fármacos en igualdad de condiciones». La ministra ha añadido que «esto nos permitirá continuar incrementando el listado de tratamientos innovadores incorporados a la cartera pública de servicios, que desde 2012 son ya más de 240».

El presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo, ha destacado el esfuerzo que supone para un sector netamente innovador como la industria farmacéutica comprometerse a no crecer por encima de lo que lo hace la economía general, pero ha subrayado el valor del marco de estabilidad.

Según Acebillo, ello es, «especialmente valioso para una industria que trabaja a largo plazo y con grandes inversiones con un elevado riesgo (…) En cualquier caso, este Convenio es la mejor prueba del firme compromiso de nuestro sector con los pacientes, la sociedad y la sostenibilidad del SNS».

Este acuerdo constituye un valioso instrumento para asegurar el acceso de los pacientes a la innovación en medicamentos mientras que se garantiza la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y el cumplimiento de los objetivos de déficit público. Estos son sus puntos clave:

• El Convenio, disponible para cualquier interesado en la web de Farmaindustria, tiene la utilidad de erigirse en instrumento de control presupuestario para la Administración.

• Implica el compromiso por parte de la industria farmacéutica representada por Farmaindustria de compensar al Sistema Nacional de Salud si el crecimiento del gasto público en medicamentos supera al del PIB.

• El Convenio no aborda aspectos relacionados con la competencia entre medicamentos de marca y genéricos, ni establece obligación alguna en este sentido para ninguna administración pública.

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